Queridos amigos: Por si os apetece, os dejo el artículo que hoy cuelgo en Faceboock. Un abrazo. Alberto
Todos los días al despertar sintonizo la radio y me llevo
instintivamente las manos a los ojos. Es un acto reflejo de mi subconsciente y
parece que de esa forma me protejo de la nueva pedrada con que me
amenazan desde los poderes públicos.
Estoy convencido de que no hay que tocar lo que funciona, y
también, de que hay que renovarse o morir. Como siempre en el término medio
está la virtud, pero tras las medidas recientes del gobierno español, y no
entro en condicionantes externos ni en herencias, está claro que lo menos que
debemos exigir los gobernados, es que no se tomen decisiones a impulsos, y
mucho menos, si éstas pueden desencadenar serios perjuicios.
Está claro que detrás de cada medida solo hay un objetivo
económico y no se atiende en absoluto las repercusiones sociales y, en el más
puro estilo Gaussiano, la campana se estrecha tanto, que en lugar de campana se
transforma en un “pirulí” donde solo sobreviven, y cada vez mejor, las élites
de la especulación y las atornilladas sanguijuelas políticas que viven de
nuestras cada vez más exigüas economías.
Dos ejemplos: Bajo la apariencia de proteger nuestra integridad,
se realiza una fuerte inversión en radares de carretera. Resultado: mayor
recaudación, y la
Guardia Civil que no actúa como figura disuasoria, sino como
fantasmagórica imagen agazapada que aparece tras un seto para meternos la mano
en la cartera.
El segundo ejemplo es de ayer: Se acabó la justicia gratuita.
Antes existía una justicia para ricos y otra para pobres; me explico: el
granuja que cometía un delito, si era rico, tenía una gran defensa y
probablemente quedaba en situación de poder seguir campando. Podía promover
tantas querellas como quisiera contra todo lo que se moviese. Ahora seguirá
haciéndolo porque su dinero se lo permite.
El común de los ciudadanos, cada vez más pobres y los pobres
pobrísimos, nos quedamos sin la posibilidad siquiera de solicitar un
procedimiento monitorio. Resultado: mayor recaudación y mayor indefensión para
el pobre propietario de un piso cuyo inquilino no le paga el alquiler, el
autónomo al que no le abonan una factura de 300 euros, el injuriado que debe
tragarse la injuria; ¿quién va a demandar a alguien porque le llamen “hijo de
puta”? tendrá que convivir con ese estigma o rascarse el bolsillo para lavar su
honor y su estirpe. ¿A quién satisface esta medida?
Por lo que percibo, ni a Jueces, funcionarios, abogados,
procuradores, a nadie en el mundo de la justicia que se supone serían los
beneficiados; solo a los señores ministros de Justicia y de Economía pasando
por encima de los intereses generales de los ciudadanos. ¿No podían haberle
dedicado unas horitas más a considerar las consecuencias?
Espero que como aún a la Hacienda pública no le ha dado tiempo a preparar
los impresos -¡fíjense si van deprisa las decisiones!- a alguien que puede y
debe, revise las consecuencias y no deje a la mayoría con el dolor de una nueva
pedrada en el ojo.