Análisis y Actualidad
UN ETERNO PROBLEMA DEL INDEPENDENTISMO
Por Fernando Pascual | fpa@arcol.org
Defienden, por un lado, el derecho a la independencia de un territorio. Por otro, niegan el derecho de partes de ese territorio a decidir su futuro si no concuerda con el proyecto geográfico de los independentistas. Esa es, en breves palabras, una de las grandes contradicciones del independentismo.
El proceso parece sencillo. Grupos con mayor o menor peso social piden una y otra vez la independencia de un territorio. Arguyen motivos históricos y numéricos. Insisten en que “la gente” desea mayoritariamente la independencia. Acusan al “Estado grande” de ser opresor o al menos incapaz de garantizar los deseos de libertad de un “pueblo”.
Por eso, levantan la bandera de la democracia: piden que se vote sobre el tema, solicitan un referéndum para que los ciudadanos puedan optar por la independencia o por seguir en la situación actual.
Olvidan, sin embargo, que no todos piensan igual. O no lo olvidan, pero ponen en marcha maniobras más o menos hábiles para que no puedan ser acogidos las peticiones de quienes rechacen la independencia.
Por lo mismo, si una parte más o menos importante del territorio dice “no” a la independencia en una eventual votación sobre el tema, los defensores del “derecho a decidir” negarán a los otros ese mismo derecho: las minorías territoriales tienen que someterse a la “mayoría” si ésta declara su sí a la independencia de todo (sin excepciones) el territorio.
¿No se dan cuenta de que defienden el derecho a que la gente decida a nivel de una idea territorial donde esperan ganar, y la rechazan cuando el territorio es más pequeño y una minoría pide seguir unida al Estado en el que ahora se encuentran?
El independentismo levanta la bandera de la democracia cuando se enfrenta a los otros ciudadanos de un Estado (a los que se niega cualquier participación sobre lo que decida el territorio en cuestión), pero anula el principio democrático cuando grupos importantes del propio territorio quieren vivir de otra manera.
No es justo un independentismo que imponga supuestas unidades territoriales a minorías que no desean vivir bajo el yugo de nuevos opresores. Sólo desde un diálogo con todos los miembros de la sociedad y en el respeto a las justas aspiraciones de todos los implicados se puede afrontar un tema tan serio como el de la independencia.
También cuando ello significa que el nuevo Estado nazca con unas dimensiones más reducidas de las deseadas por la mayoría, pero al menos con un profundo respeto hacia las opciones legítimas de todos y cada uno de los hombres y mujeres que viven en un determinado territorio.
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